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Crisis en el periodismo nicaragüense bajo la dictadura de Ortega: “Es un genocidio informativo”La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia presentó un informe en el que detalla cómo el aparato gubernamental ha convertido la libertad de prensa en un objetivo a erradicar.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) presentó un informe de 98 páginas que documenta la destrucción sistemática del periodismo independiente en Nicaragua entre abril de 2018 y junio de este año.
“Esta crisis trasciende las violaciones comunes de derechos humanos. Constituye la ejecución deliberada de un genocidio informativo que destruyó el 70% del gremio periodístico, forzó al exilio a casi 300 periodistas; cerró diversas plataformas y espacios informativos”, puntualizó el escrito.
El estudio expone con cifras y testimonios la magnitud de la represión estatal dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo; y detalla cómo el aparato gubernamental ha convertido la libertad de prensa en un objetivo a erradicar.
El informe identifica 2.313 violaciones a los derechos civiles y políticos de periodistas y trabajadores de medios, lo que ha provocado la desaparición del 85% del ecosistema mediático independiente en el país. Este proceso, que la FLED califica como un “genocidio informativo”, forzó al exilio a 293 periodistas y ha supuesto el cierre de 53 medios de comunicación y 24 espacios informativos solo en el periodo analizado. Desde el regreso de Ortega al poder en 2007, la cifra total de medios clausurados asciende a 61, muchos de ellos con sus bienes confiscados.
El informe hace hincapié en que la represión es multidimensional. El 27,6% de las violaciones afectaron directamente la libertad de expresión mediante censura, cierres de medios y criminalización del periodismo. El 17,5% vulneró el derecho a la vida e integridad personal a través de amenazas, torturas y vigilancia; mientras que el 16,8% atentó contra la libertad personal con detenciones arbitrarias, secuestros e incomunicación.
El texto subraya que la impunidad alcanza el 99,96% de los casos documentados, lo que evidencia la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de represión y la ausencia total de garantías legales para las víctimas.
El año 2018 marcó el inicio de la represión masiva, con 1.568 casos documentados tras el estallido social de abril. El asesinato del periodista Ángel Gahona estableció un precedente letal y la criminalización del periodismo independiente se consolidó como política de Estado. Entre 2019 y 2021, el gobierno perfeccionó su aparato represivo con la aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, junto a reformas constitucionales que legalizaron la persecución y facilitaron el cierre de más de 5.600 organizaciones, muchas de ellas dedicadas a la defensa de derechos humanos.
En 2022, la ofensiva estatal alcanzó un nuevo umbral con el cierre arbitrario de más de 30 medios de comunicación, de los cuales al menos un 63% estaban vinculados a la Iglesia Católica. Este golpe desmanteló una red vital de comunicación local, especialmente en zonas rurales y empobrecidas. El costo económico de la represión se estima en más de 57 millones de dólares, resultado de confiscaciones, embargos, destrucción de infraestructura y la eliminación de más de 500 empleos directos en medios independientes.
El impacto social es aún más profundo. El informe describe un entorno marcado por la autocensura, el monopolio estatal de la información y la desaparición del debate público.
La ciudadanía ha sido despojada de su derecho a la información plural, lo que afecta gravemente el tejido democrático. Casos como los de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mendoza ilustran la criminalización del periodismo.
Pineda Ubau fue detenida durante 172 días, enfrentó tortura psicológica y fue despojada de su nacionalidad en 2023. Mendoza, tras décadas como cronista deportivo, fue encarcelado 598 días, sometido a aislamiento y finalmente deportado y desnacionalizado junto a otros 222 opositores.
La represión ha evolucionado en sus métodos. En 2018, la estrategia se basó en la fuerza bruta: detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y hostigamiento preventivo. En 2019, la impunidad se consolidó con el caso Gahona sin justicia y se intensificaron las agresiones físicas y amenazas de muerte, incluyendo violencia sexual. Para 2021, el Estado transitó hacia la criminalización sistemática, utilizando el sistema judicial para neutralizar voces críticas mediante encarcelamiento político masivo. En 2022, las condiciones carcelarias degradantes se implementaron como tortura institucional, y en 2023 la represión se sofisticó con métodos de intimidación psicológica, vigilancia constante y presión sobre familiares de periodistas exiliados. En 2024 y 2025, la represión se ha refinado y transnacionalizado, extendiendo amenazas y control a periodistas en el exilio y a sus familias en Nicaragua.
El informe detalla que la represión no solo afecta la libertad de expresión, sino que abarca 11 categorías de violaciones: derecho a la vida, integridad y seguridad personal; libertad personal y seguridad; libertades de expresión, información y prensa; derecho de asociación y reunión; derechos civiles y políticos; derecho de propiedad; derechos económicos, sociales y culturales; debido proceso y garantías judiciales; violaciones específicas contra periodistas y medios; derecho a la libertad de movimiento; y derecho a la igualdad y no discriminación.
En el ámbito jurídico, Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales clave, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero el informe documenta el incumplimiento sistemático de estos compromisos.
La aprobación de leyes como la N° 1055 (“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”), la N° 1040 (“Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”) y la N° 1042 (“Ley Especial de Ciberdelitos”) ha restringido la participación de organizaciones internacionales, criminalizado la disidencia política y limitado la libertad de expresión en línea. La reforma constitucional de 2024 consolidó el control presidencial y legitimó el control mediático absoluto.
El informe de FLED subraya que la represión fue ejecutada principalmente por el Estado, con una responsabilidad del 88% en los casos documentados. La Policía Nacional participó en 1.531 casos de violaciones estatales, y la Procuraduría General de Derechos Humanos se ha convertido en un aparato propagandístico sin pronunciamientos independientes. El sistema judicial es instrumentalizado como una fábrica de delitos fabricados, con 146 violaciones al debido proceso documentadas.
La represión tiene además un impacto devastador en la salud mental de las víctimas. El informe documenta 257 casos de vigilancia sistemática y 86 casos de tortura psicológica, que han generado hipervigilancia crónica, trastornos del sueño, depresión y ansiedad generalizada.
El exilio forzado de 293 periodistas ha provocado una amputación social, fragmentación de la identidad personal y duelo cultural profundo.
La discriminación estructural es otro eje central de la represión. El 54,5% de los casos de discriminación documentados afectan a mujeres periodistas, quienes han enfrentado amenazas sexuales, hostigamiento familiar y tortura psicológica diferenciada. La discriminación también se ha dirigido contra periodistas indígenas, religiosos y de medios comunitarios, consolidando un "apartheid mediático“ que excluye sistemáticamente a voces críticas del espacio público.
El informe concluyó que la represión en Nicaragua constituye un modelo exportable de destrucción democrática, que representa una amenaza para la estabilidad regional. La comunidad internacional, según FLED, enfrenta un momento decisivo: “La inacción ante el genocidio mediático no solo abandona a las víctimas, sino que legitima un modelo de destrucción democrática regional”.
El documento exige la activación de mecanismos de protección internacional, sanciones específicas contra los responsables, apoyo a periodistas en el exilio y la promoción de investigaciones formales por crímenes de lesa humanidad.
En palabras del equipo de FLED, “los 2.294 gritos de auxilio documentados trascienden abstracciones estadísticas para convertirse en llamadas a la conciencia internacional. Cada cifra representa una vida alterada para siempre, una familia destruida, un sueño truncado”.
La memoria periodística y la lucha por la verdad en Nicaragua, según el informe, constituyen una herida abierta en el corazón de América Latina y una advertencia hemisférica sobre los riesgos de la indiferencia ante la destrucción de la democracia desde dentro.
Fuente:
infobaeAutor:
Gastón Calvo
