El pasado 14 de mayo se llevó a cabo la mesa redonda sobre “acciones pertinentes contra las emisiones ilegales en el continente”, en el marco del Consejo Directivo de AIR reunido en Costa Rica.
Esta actividad se llevó a cabo en el Hotel Real Intercontinental y fue moderada por Federico Malavassi Calvo, Abogado, ex Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y Asesor de CANARA. Los panelistas de este gran evento fueron:
El fenómeno de las emisoras ilegales en Costa Rica representa un desafío significativo para la radiodifusión formal, legal y regulada. La existencia de esas transmisiones, sumada a vacíos legales y a la falta de un control efectivo, pone en riesgo la sostenibilidad de las radiodifusoras autorizadas, que sí cumplen con las normativas y pagan sus respectivas concesiones y permisos de operación. Además, las emisiones ilegales pueden generar interferencias en frecuencias asignadas legítimamente, afectando la calidad del servicio de radio y, en algunos casos, interrumpiendo señales esenciales como las de emergencias.
La proliferación de emisoras ilegales atenta contra las libertades de prensa, de expresión y de información, lo cual se convierte en un riesgo para el modelo democrático costarricense.
Es fundamental abrir el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio más claro y mecanismos de fiscalización más eficientes. La radiodifusión es un servicio privado, pero de interés público, que debe operar dentro de un marco legal que garantice la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico y la transparencia en su concesión. La proliferación de “emisoras ilegales” no sólo atenta contra estos principios, sino que también genera un impacto económico negativo en las estaciones formales, que invierten en infraestructura y cumplen con sus obligaciones fiscales y regulatorias.
Por ello, esta mesa redonda tuvo como propósito analizar la problemática desde un enfoque integral, discutiendo posibles soluciones entre actores del sector, autoridades técnicas, de gobierno, legislativas y judiciales para garantizar un uso ordenado y legítimo del espectro radioeléctrico en el país.